Determinará reglas que darán equidad en el otorgamiento de concesiones: senadores
Necesario, marco jurídico que garantice acceso plural a los medios, opina Góngora Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La nueva legislación federal en materia de radio, televisión y telecomunicaciones atacará de lleno los monopolios y oligopolios, al determinar reglas que permitan la equidad y competencia en el otorgamiento de concesiones para medios electrónicos y con ello el surgimiento de nuevas cadenas televisivas, advirtieron los coordinadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Manlio Fabio Beltrones, Santiago Creel y Carlos Navarrete, respectivamente.
En igual sentido, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Genaro Góngora Pimentel expresó a los legisladores que el nuevo marco jurídico en el que trabajan deberá garantizar el acceso plural y equitativo a la radio y la televisión, y para ese propósito se requerirá que el dinero, y en general los aspectos económicos, no sean el criterio fundamental para el otorgamiento de las concesiones.
Durante el foro Mejores prácticas legislativas para la radiodifusión en México, representantes de las organizaciones de las Naciones Unidas (ONU) y de Estados Americanos (OEA) resaltaron que los monopolios en medios de comunicación vulneran la libertad de expresión.
Los señalamientos de Góngora Pimentel y los enviados por organismos internacionales fueron plenamente compartidos por los coordinadores de las tres principales fuerzas políticas las que, en sesión nocturna moderada por la periodista Carmen Aristegui, revelaron que en seis meses estará listo el proyecto para dar vida a la legislación que habrá de sustituir a la derogada ley Televisa, con base en los criterios que determinó la SCJN.
No se trata de que desaparezcan Televisa y TvAzteca, tienen derecho a existir, “pero necesitamos nuevas opciones que no pueden estar sujetas a lo que decidan y acepten esas dos televisoras”, señaló el perredista Navarrete.
“¿La famosa tercera cadena de televisión?”, preguntó Aristegui, y la respuesta fue que incluso podría haber una cuarta televisora, además de modernizar las estaciones públicas como Canal 11 o Canal 22. ¿Por qué no emisoras culturales, de universidades, radios comunitarias?, ¿por qué no un florecimiento de opciones y de contenidos para que la diversidad de la sociedad mexicana se exprese?, abundó el legislador perredista.
El priísta Beltrones señaló que se abre nuevamente la ventana para democratizar los medios de comunicación electrónica, “abrir a más espacios también la difusión de la señal, ver la cobertura, la situación de los radiodifusores de amplitud modulada (AM), que han visto disminuir su patrimonio”.
Acerca del riesgo de que haya una reacción de los concesionarios más virulenta que la expresada sobre la reforma electoral, el panista presidente del Senado, Santiago Creel Miranda, señaló que “no se trata de un pleito”, sino de llevar a cabo cambios pendientes por décadas, que han generado enormes injusticias y concentraciones inconvenientes para el desarrollo del país y la democracia.
Respondió después a la interrogante de qué hacer con el duopolio: “Tenemos que abrir el mercado para que se aprueben más concesiones y surjan nuevos jugadores”. Recordó que en la resolución que declaró inconstitucional la ley Televisa la Corte dio directrices claras en materia de libre concurrencia y prohibición de prácticas monopólicas. “Tenemos los principios, las direcciones claras y adecuadas para ponernos a trabajar”, insistió Creel.
El ex secretario de Gobernación sostuvo que deberá retomarse toda la discusión que dio la sociedad civil en muchos foros con esfuerzos infructuosos. “Que corrijamos errores quienes debamos hacerlo y echar adelante una buena reforma, incluso constitucional, para tener medios electrónicos modernos y competitivos”.
Antes, en el contexto del foro organizado por la Cámara de Senadores, dentro de las discusiones del grupo plural que trabaja en el marco jurídico de medios electrónicos, el ministro Góngora Pimentel recalcó que la nueva legislación debe garantizar el acceso equitativo y plural a la radio y la televisión para evitar los monopolios. Las prácticas monopólicas, aseguró, deben prohibirse no sólo por la concentración económica que implican, sino por sus graves efectos contra la libertad de expresión.
Recalcó que por tratarse de un bien público y restringido, el Poder Legislativo está obligado a regular el espectro radioeléctrico mediante leyes que garanticen el acceso equitativo a las concesiones de medios electrónicos.
Por su parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Ignacio Alvarez, coincidió con Góngora Pimentel. Afirmó que “en el otorgamiento de concesiones no se debe favorecer a los que ofrecen más dinero, sino a quienes cumplen con la labor, y tampoco se debe discriminar la entrega de concesiones por razones de género, política, social o religiosa, y se debe fortalecer el pluralismo”.
Recordó que México no ha actualizado su legislación interna con los tratados y acuerdos internacionales firmados, principalmente con la OEA. Asimismo, resaltó que la decisión de la Suprema Corte de declarar ilegal la denominada ley Televisa, reconoció la necesidad de alentar el pluralismo.
También, en su intervención, el representante de la oficina en México del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Amerigo Incalcaterra, destacó que nuestro país ha firmado tratados internacionales en materia de libertad de expresión, y por ello se le han recordado sus compromisos en la materia: “acceso de todos los sectores sociales a los medios sin ningún tipo de restricción, pluralismo y libre competencia sin prácticas monopólicas y equidad en el otorgamiento de concesiones y permisos”.
Uno de los críticos más severos de la ley Televisa, el ministro Góngora Pimentel, advirtió que la televisión “no puede dejarse al libre juego de las fuerzas del mercado, en virtud de los enormes efectos que produce y de las posibilidades que ofrece, así como del peligro que supone su abuso con la finalidad de influir de forma parcial en la opinión pública”.
Destacó que el gran poder de penetración de la televisión le permite no sólo afectar la vida de los individuos, sino que impacta incluso de manera definitiva en la legitimación o deslegitimación de los poderes públicos. Góngora subrayó que el derecho fundamental a la libertad de expresión debe cumplir con objetivos tales como pluralidad de medios, acceso equitativo a los mismos y la prohibición de que se creen monopolios u oligopolios, considerados no a partir de la concentración económica, sino en relación con sus graves efectos hacia la libertad de expresión.
Además, el factor económico no debe ser criterio preponderante para otorgar las concesiones, pues eso es contrario a las libertades de expresión, información y prensa y, en esencia, actúa contra el valor del pluralismo, porque asignándolos al mejor postor se asegura el acceso a los medios de comunicación sólo a los grupos más poderosos, recalcó el ministro.
Otro elemento fundamental que garantiza la libertad de expresión, dijo Góngora Pimentel, son los “órganos reguladores independientes, tanto del poder político como del económico”.
Beltrones, Creel y Navarrete coincidieron en este punto con el ministro. El priísta advirtió que el gran ausente en este debate es el Ejecutivo federal, instancia que “puede hacer su aparición con una propuesta a lo que es el órgano regulador. Nosotros la saludaríamos enormemente”.
Asimismo, el perredista Navarrete pidió que Felipe Calderón lleve al cabo la renovación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), ya que es un órgano “capturado” por las televisoras, a las que supuestamente debe regular.
Por la mañana, el ex senador Javier Corral Jurado manifestó que Calderón “se tardó ya” en remover a los actuales comisionados de la Cofetel –que encabeza Héctor Osuna–, toda vez que la resolución de la SCJN que invalidó la ley Televisa los dejó en la ilegalidad.
“Hay decisiones que debe tomar el Ejecutivo y una de ella es referente a Cofetel”, planteó en coincidencia con Creel.
Los tres coordinadores parlamentarios expresaron más tarde que continúan los cabildeos para que le reforma electoral sea aprobada en los congresos locales.
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